Con la aprobación, finalmente, de la Ley Bases y del paquete fiscal, el presidente Javier Milei dispone del marco legal para poner en marcha su plan de reformas del Estado, en materia laboral y de inversiones. Tras meses de tensas negociaciones con sectores de la oposición, el gobierno logró consensuar varias modificaciones al proyecto original que presentó en diciembre pasado, para disponer al fin de la primera ley en lo que va de su mandato, todo un récord de demora.
De las negociaciones derivaron retoques acordados en varios puntos importantes, como el régimen de beneficios impositivos para las grandes inversiones (RIGI) y la inclusión de una reforma laboral, mientras que otros cambios fueron impuestos por los denominados “bloques dialoguistas”, aunque consiguió la aprobación de una reforma fiscal en la que se destaca la restitución del Impuesto a las Ganancias para escalas salariales superiores.
Según explica Pablo Sieira en el sitio iProfesional, uno de los puntos de la Ley Bases más importantes para Milei es la delegación de facultades para tomar medidas sin pasar por el Congreso en el marco de la «emergencia pública» declarada en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. En la versión original las emergencias eran 11 pero la oposición las recortó, así como el período.
Privatizaciones
En cuanto a la privatización de empresas públicas, quedaron ENARSA, Intercargo (privatización total); Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Yacimientos Carboníferos Río Turbio; y Nucleoeléctrica Argentina (capital privado con control del Estado); Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); y Corredores Viales (concesión).
Este fue uno de los últimos puntos en los que el gobierno de Milei tuvo que ceder para tener los votos en el Senado, primero, y por presión opositora en Diputados después, dejando afuera de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).
RIGI
Con esta ley, el presidente consiguió el respaldo legislativo para otros temas que son importantes para su proyecto gubernamental, entre los que se destaca el RIGI, el régimen de beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros, con el que se pretende atraer inversiones extranjeras.
Considerado un punto clave, cuestionado por sectores de la oposición, los negociadores oficialistas, con Guillermo Francos a la cabeza, se esforzaron hasta acordar cambios con legisladores y gobernadores para que no quedara en el camino. Uno de ellos es que se aplicará solamente en las provincias que decidan adherir.
Este régimen, dirigido a proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares, se acotó a seis sectores: agroforestal, infraestructura, minería, energía, tecnología y turismo. Fue uno de los retoques que hizo el Senado y que Diputados aceptó en la versión final de la ley.
El RIGI establece que las empresas extranjeras que se inscriban deberán contratar a proveedores locales por un «20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores», siempre y cuando la oferta local «se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad».
En tanto, los porcentajes por los cuales los cobros de exportaciones de productos surgidos del RIGI quedarán exceptuados de la «obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios» serán de 20% luego de los dos años, 40% transcurridos los tres años y 100% luego de cuatro años.
Reforma laboral
El capítulo de reforma laboral fue incorporado a pedido de la UCR en la Ley Bases durante las negociaciones previas, aceptado por el gobierno y luego morigerado en algunos puntos por el bloque Hacemos, de Miguel Pichetto, que quiso evitar un choque frontal con los sindicatos.
La «modernización laboral» –como se la consigna en la ley– apunta en primer término a «simplificar» la registración laboral y establece la supresión de sanciones penales por evasión de aportes a cambio de regularizar al trabajador.
También extiende el período de prueba que hoy es de tres meses. Pasará a ser de seis meses en empresas con más de 100 empleados y de ocho en las que tengan menos de esa cantidad, mientras que se extiende a un año en las que tengan hasta cinco trabajadores.
Uno de los puntos más importantes es que establece un fondo de cese de trabajo como opción al sistema de indemnizaciones actual, aunque su adopción queda sujeta a la aceptación de cada gremio en los respectivos convenios colectivos.
Después de los planteos del bloque de Pichetto, se dejó afuera la eliminación de la cuota sindical obligatoria que paga cada trabajador aunque no esté afiliado al sindicato -eso seguirá igual- pero por otro lado incorporó como nuevo causal de despido el bloqueo a plantas, fábricas o empresas como parte de protestas gremiales.
Además, el nuevo marco normativo admite que un trabajador independiente pueda contar con hasta tres colaboradores independientes para un emprendiemiento comercial sin generar una relación de dependencia.
Rumbo al “Pacto de Mayo”, en julio
El presidente confía en que este primer logro político real de su gestión le sirva para llevar calma a los mercados y pararse mejor ante el FMI, en momentos en que la relación se volvió tensa. El organismo acreedor de la Argentina ya había pedido que el nuevo gobierno mostrara consenso parlamentario para sus reformas.
Sancionada ya la ley a la que él mismo calificó como el primer «hito» de su gestión, Milei se enfocará en los próximos días en la convocatoria a gobernadores y ex presidentes para firmar el «Pacto de Mayo» el 9 de julio en Tucumán, y no se descarta que también haya una reorganización en el gabinete, donde la entrada de Federico Sturzenegger (ideólogo de la Ley Bases original) podría ser solo una parte.
Las tensas y agotadoras negociaciones por la Ley Bases dejaron esquirlas en la relación entre Milei y la oposición dialoguista, dice el columnista. El apoyo que le dieron para avanzar con su proyecto insignia siempre fue condicional y hasta algunos sectores del PRO se encargan de remarcarlo cuando puede.
«Ya le dimos la herramienta, ahora hay que dejarlo gestionar y ver qué hace», señaló a iProfesional un encumbrado diputado de la oposición dialoguista antes de la votación pero con el resultado puesto. Detrás de la frase asoma una idea que circula entre algunos de los aliados temporales del gobierno, cansados de que el presidente los culpara de que «suba el dólar o caigan los bonos»: dejarlo librado a su suerte.
Algo de eso se filtró en los discursos finales de algunos jefes de bloque. Pichetto destacó que los cambios que le reclamaron al gobierno hicieron una «ley robusta» pero al mismo tiempo aleccionó al oficialismo por las «agresiones» de Milei al Congreso y hasta habló de «periodistas a los que les pagan» para criticar a los legisladores. «Hay que terminar con eso», sentenció.
Más significativo fue el discurso de Cristian Ritondo, jefe del PRO, quien puso en valor el apoyo del partido liderado por Mauricio Macri a Milei, con críticas al kirchnerismo por poner «palos en la rueda» tras haber hecho «el peor gobierno de la historia», pero aclaró una vez más que el PRO no forma parte del gobierno, en momentos en que el espacio pasa por una fuerte interna y el respaldo a los libertarios podría empezar a menguar, según dejan trascender.
Para el «Pacto de Mayo», Milei necesitará seguir tendiendo puentes a través de los funcionarios que mejor entienden el quehacer político, como Francos, a quien por eso mismo le dio la Jefatura de Gabinete, sin quitarle la atribución de ser interlocutor con las provincias.
Así, la aprobación final de la Ley Bases es apenas un primer paso para el presidente Javier Milei, quien necesitaba ese avance pero que todavía tiene mucho recorrido por delante. La relación con esos sectores que no forman parte de La Libertad Avanza ni del kirchnerismo seguirá siendo el fiel de la balanza para el gobierno.