El 24 de diciembre del año pasado, el gobierno emitió el decreto 879, cuya entrada en vigencia está prevista para fines de junio, que regula bandas tarifarias para las aerolíneas que operan en el país.
La medida implica establecer una tarifa máxima y una mínima para los vuelos de cabotaje, lo que produciría una suba en los precios de los pasajes de bajo costo.
La disposición apunta sin dudas a la operatoria de las “low cost”, ya que las obligaría a aumentar los precios, lo único que las hace diferentes. Un golpe al corazón de su estrategia comercial, que es ofrecer servicios a un precio inferior al de la competencia.
Una de esas aerolíneas, Fly Bondi, recurrió a la justicia presentando una medida cautelar para impedir que el Ministerio de Transporte pueda avanzar con la regulación de las bandas tarifarias, obligándola al aumento de sus tarifas de vuelo.
El ingreso al país de aerolíneas low-cost para hacer más accesible el transporte aéreo fue promovido por el gobierno de Mauricio Macri, dando lugar a la aparición de compañías como la mencionada Fly Bondi, JetSmart, Norwegian o Avianca.
Sus rutas se convirtieron en populares entre la gente, aunque fueron resistidas siempre por los sindicatos, controlados por sectores afines al kirchnerismo, que literalmente dirigen Aerolíneas Argentinas, la compañía estatal, la que más pérdidas genera en el mundo.
Muchos analistas especulan con que la fijación de precios mínimos para los vuelos está destinada a garantizar la supervivencia de la aerolínea estatal. Se preguntan ¿qué interés puede tener una aerolínea low-cost en operar cuando le prohíben lo único que la hace diferente, que son los precios?
Norwegian y Avianca ya no operan en el país, lo mismo que Latam, que decidió retirarse de la Argentina, por este y otros motivos.
Las que quedaron, Fly Bondi y JetSmart (ambas de capitales norteamericanos), suman, entre las dos, el 30 por ciento del mercado, según informa el sitio REPORTUR.
El mundo del revés
La presentación judicial de FlyBondi es por demás elocuente sobre la polémica decisión gubernamental: el proveedor de los servicios se opone a que lo obliguen a cobrar más caro. ¿Se entiende? No quiere aumentar los precios.
Si no lograra lo que pretende en los estrados judiciales locales, la empresa podría acudir al organismo internacional que regula la seguridad en las inversiones, aduciendo que estas normas de precios mínimos ponen en riesgo el dinero invertido.