La semana pasada, Ezequiel Moscoso, tío de Katherine, fue recibido en Casa Rosada por asesores del presidente de la Nación Alberto Fernández, a quienes les presentó el caso con el pedido de que se exija mayor compromiso y celeridad al procurador y al fiscal que investiga el crimen de su sobrina.
Moscoso, acompañado por la directora del programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial de la Memoria, Margarita Jarque, mantuvo un encuentro con la asesora presidencial Eugenia Herrero.
En la tarde de este jueves, el abogado de la familia, Leandro Aparicio, le contó a este medio que acababa de recibir una comunicación de Herrero requiriéndole “datos técnicos, nombre del expediente, número, etcétera, para poder avanzar en el pedido de reactivación de la causa”.
Detalles de la reunión
En una entrevista que le realizó una emisora de radio de Bahía Blanca, Ezequiel Moscoso explicó que llevaron al más alto nivel “el pedido de justicia y planteamos que no estábamos siendo escuchados”; dieron detalles de la evolución de la causa, de las denuncias “a todos los fiscales actuantes de Bahía Blanca” y explicaron que “en paralelo a la causa de Katherine está la que investiga a los fiscales y los policías de alto rango que encubrieron el femicidio”.
Contó también: “Planteamos que nadie estaba investigando, la causa pasó a Azul, de Azul a Tandil y que quedó radicada allí. El fiscal de Tandil tomó algunas declaraciones por septiembre, allanó algunos teléfonos de algunas personas pero no hemos tenido más noticias”.
Comentó que hicieron un pedido bien claro: “Que desde Presidencia intercedan ante el procurador, que cuando nos entrevistamos con él nos dijo que nosotros no teníamos que hablar con nadie más que con él y que él iba a hacer un seguimiento de la causa y esto es mentira porque lo único que hizo fue concedernos los legajos reservados que la fiscalía en Bahía Blanca no nos daba”.
Respecto al cambio de jurisdicción de la causa, Moscoso sostuvo: “Yo no creo que en Tandil haya complicidades, lo que sí pienso es que si no investigan el encubrimiento la verdad nunca se va a saber porque si ya pasaron 7 años nadie va a venir y decir ‘sí, yo vi quien mató a Kathy’, pero por la causa del encubrimiento vos podés descubrir, aparte está todo, está todo como para saber quiénes fueron. Yo terminé séptimo grado y me doy cuenta de qué fue lo que pasó”.
Demanda internacional
La Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el organismo analice el encubrimiento judicial y la trama alrededor de la investigación del caso que en siete años no logró ningún avance ni respuesta para la familia. La joven fue asesinada en 2015 y la investigación siempre estuvo obstaculizada por diversos funcionarios estatales.
El organismo acompaña a la familia de Katherine en su pedido de justicia y hace hincapié en el incumplimiento estatal en garantizar una investigación completa, diligente y eficaz. En este marco es que piden la intervención de la CIDH para que ordene la observancia de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la verdad y el acceso a la justicia.
En los fundamentos de la presentación se puntualiza que “desde un primer momento la investigación se vio entorpecida por distintos agentes del Estado: policías, bomberos, y funcionarios judiciales que, con el amparo e indiferencia de personas allegadas a la política local y a actividades ilegales (como la comercialización de estupefacientes), han contribuido a desviar su curso buscando impunidad”.
Enumera que “siguieron pistas inverosímiles, en incendios intencionales se perdieron pruebas de ADN y registros de video, amenazaron a testigos claves, el cadáver apareció en un lugar que había sido relevado previamente sin resultados, y se difundieron detalles sin pruebas para generar confusión. Muchas de estas prácticas suelen ser moneda corriente en este tipo de causas cuando lo que se busca es proteger a los responsables”.
Se agrega que “en todo momento se tuvo como fuerza auxiliar de la justicia a la policía de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de que había agentes sospechados de, al menos, encubrir e intentar desviar la investigación. En el legajo consta que estos policías fueron investigados e incluso se intervinieron sus comunicaciones telefónicas pero en ningún momento se los apartó de sus funciones”, señala.
Además, “esas irregularidades tampoco se tomaron en cuenta desde las autoridades judiciales, a pesar de que la causa pasó por manos de varios fiscales, tanto en la UFI Nº 10 de Bahía Blanca, interviniente en los primeros días de la investigación, como en la UFI Nº 5 de Bahía Blanca, que le siguió. Luego de recusaciones y excusas actualmente la fiscalía actuante es la 3 de Tandil”.
Se recuerda que “durante los años posteriores a la muerte de Katherine, la causa fue avanzando solo ante la iniciativa de la familia y allegados a la víctima, pese a que no lograban obtener el acceso a la totalidad de la investigación ni siquiera a través de su abogado Leandro Aparicio. Esto se logró tras la intervención de CPM que pudo tramitar la asignación de una fiscalía de otro departamento Judicial”. Por último, se remarca que “en abril de 2020, la familia de la víctima denunció ante el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires a 21 personas, entre ellos dos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Creen incluso que se podría pensar en una asociación ilícita formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables del homicidio de Katherine. Estas denuncias fueron radicadas en el departamento judicial de Azul, en la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional.