En la actualidad, Argentina enfrenta desafíos sociales y económicos que requieren una mirada profunda y comprometida con la realidad de nuestro pueblo. Es urgente reflexionar sobre la importancia estratégica y geopolítica que tiene el campo en la producción de alimentos y su rol crucial en la gobernabilidad del país.
Somos un país de vastas riquezas naturales y humanas, fuimos históricamente el granero del mundo. Sin embargo, nuestra realidad social y económica se encuentra en un laberinto. La inequidad social, el desempleo y la inflación son problemas que afectan profundamente a nuestro pueblo.
La desigualdad económica se ha agudizado en los últimos años. Un número importante de argentinos vive por debajo de la línea de pobreza, y muchos de ellos residen en la provincia de Buenos Ayres, el corazón productivo del país. Es imperativo que reconozcamos la injusticia que representa esta situación y trabajemos incansablemente para revertirla.
Como bien señala la encíclica Rerum Novarum: «La equidad exige que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que este reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad. De donde se desprende que se habrán de fomentar todas aquellas cosas que de cualquier modo resulten favorables para los obreros. Cuidado que dista mucho de perjudicar a nadie, antes bien aprovechará a todos, ya que interesa mucho al Estado que no vivan en la miseria aquellos de quienes provienen unos bienes tan necesarios» (RN, 25).
El desempleo y el subempleo son flagelos que golpean a nuestra nación. Existen amplios sectores de la población que no pueden acceder a empleos dignos y muchos otros están quedando sin trabajo por cierre de empresas o expulsados de la estructura estatal. Esto no solo afecta la economía, sino que también mina la dignidad de las personas y sus familias. En palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti: «Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque ‘no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo’» (FT, 162).
La inflación, ese monstruo que devora los salarios y ahorros de los trabajadores, sigue siendo un desafío inmenso. Controlarla es vital para asegurar el bienestar de todos los argentinos. Sin estabilidad económica, es imposible alcanzar un desarrollo sostenido que incluya a todos los sectores de la sociedad.
Por otro lado, la provincia de Buenos Ayres es, sin duda, el motor productivo de la nación. Con su vasta extensión de tierras fértiles y su capacidad agrícola, es una región clave para la producción de alimentos. Aquí, la importancia del campo se magnifica y se convierte en un pilar fundamental para la alimentación de nuestro pueblo.
La producción agrícola y ganadera bonaerense no solo es esencial para el mercado interno, sino que también es un importante generador de divisas a través de las exportaciones. Los productos del campo bonaerense llegan a las mesas de millones de personas, dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero tenemos una realidad que no podemos ignorar, primero debe comer nuestro pueblo, luego vendrán las divisas por exportación.
La innovación y la sostenibilidad son conceptos que deben guiar la producción agrícola y ganadera. Es necesario implementar prácticas que no solo aumenten la productividad, sino que también preserven el medio ambiente y aseguren la viabilidad de nuestros recursos naturales para las futuras generaciones. La encíclica Laudato Si nos recuerda: «el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta» (LS. 48).
Hoy más que nunca es importante comprender esta consigna: «gobernar es alimentar», la que resume una verdad fundamental: la alimentación es un derecho básico que debe ser garantizado por el Estado, porque «donde hay una necesidad, nace un derecho». Y hoy, la necesidad de asegurar alimentos para todos los argentinos se erige como un derecho inalienable.
Es imprescindible que el gobierno implemente políticas públicas que apoyen al sector ictícola, frutihortícola, agrícola y ganadero. Esto incluye infraestructura, subsidios, créditos accesibles desde el Banco Provincia (para el caso de Buenos Ayres), asistencia técnica y programas de desarrollo rural (SENASA, INTA) que fortalezcan las capacidades productivas del campo argentino.
El acceso a alimentos debe ser una prioridad, en primer lugar, municipal. Por ello es importante que cada uno de ellos tenga plena autonomía, previa reforma tributaria, y logre articular un regionalismo productivo dentro de un programa provincial. Lo cierto es que no debe haber un argentino con hambre en una tierra tan fértil como la nuestra. Los esfuerzos deben centrarse en reducir la brecha entre los que producen los alimentos y los que los necesitan, garantizando precios justos y accesibilidad para todos.
Por ello, la educación y capacitación de nuestros productores es otro eje fundamental. Es necesario brindar herramientas y conocimientos que permitan a los agricultores y ganaderos mejorar sus técnicas y aumentar su productividad de manera sostenible y comprender la importancia de una población alimentada. La encíclica Caritas in Veritate señala: «El problema de la inseguridad alimentaria debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, eliminando las causas estructurales que lo provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales, sistemas de riego, transportes, organización de los mercados, formación y difusión de técnicas agrícolas apropiadas capaces de utilizar del mejor modo los recursos humanos, naturales y socio-económicos, que se puedan obtener preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así también su sostenibilidad a largo plazo. Todo eso ha de llevarse a cabo implicando a las comunidades locales en las opciones y decisiones referentes a la tierra de cultivo» (CV 27).
En definitiva, la realidad social y económica de Argentina y de la provincia de Buenos Ayres exige una respuesta contundente y comprometida. La producción de alimentos es un tema de soberanía nacional y debe ser abordado con la seriedad que merece. Gobernar es alimentar, y es nuestro deber asegurar que cada argentino tenga acceso a los alimentos necesarios para vivir con dignidad. Debemos trabajar unidos para construir una nación justa, solidaria y próspera.
*Luis Gotte, La Trinchera Bonaerense
