Un día antes de cumplirse un año de la asunción del actual gobierno, Cristina Kirchner publicó una carta titulada “A un año… balance“, en la que hace un repaso de la labor parlamentaria en el período y en la que dedica su mayor empeño en vituperar al Poder Judicial.
Compartimos con nuestros lectores el texto completo de la misiva.
Mañana 10 de diciembre, vamos a sesionar una vez más en el Senado de la Nación. Desde que asumimos, hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces.
Hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo.
Cuando comenzamos la pandemia -allá por el mes de marzo- se nos presentó un desafío inédito: teníamos que crear una nueva forma de funcionamiento para poder seguir trabajando y, al mismo tiempo, teníamos que cuidar la vida de todos y todas.
Y la verdad es que gracias al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras legislativas, el 13 de mayo tuvimos nuestra primera sesión remota de la historia.
De esta manera, pudimos adaptar el trabajo parlamentario y los procesos administrativos a esta nueva modalidad para seguir funcionando, aun en este contexto que no solo no pudimos prever, sino que ni siquiera pudimos imaginar.
Pero ¡ojo! No fueron solo las 32 sesiones. En este año se hicieron 215 reuniones de comisión, en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados. No hay registros históricos de semejante actividad legislativa.
Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados. Entre ellos, todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado.
Presupuesto 2021
Sostenibilidad de la deuda
Solidaridad social y reactivación productiva
Aporte solidario extraordinario
Protección y beneficios al personal de Salud
Fondo nacional de la Defensa
Capitales Alternas
Reforma del Ministerio Público
Manejo del fuego
Góndolas
Etiquetado frontal
Alquileres
Cuidados paliativos
Telesalud
Receta electrónica
Economía del conocimiento
Grooming
Teletrabajo
Fibrosis quística
Educación a distancia.
Leyes a favor de los argentinos y las argentinas, para ampliar derechos, hacerle frente a la pandemia, cuidar la economía, fortalecer el federalismo y defender nuestra soberanía.
Cumplimos, como siempre, con todas nuestras responsabilidades.
En su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita.
Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contrareloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del COVID.
Se logró reestructurar en un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos.
Y, al mismo tiempo, con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro Poder del Estado: el Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa.
Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la “mayoría automática de la Corte”, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas.
De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la Dra. Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el Dr. Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba.
La descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte, me eximen de mayores comentarios.
Uno de ellos es el que se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designándolo, en un escándalo sin precedentes, como su Ministro de Justicia. El segundo nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de los “jueces de la “servilleta”. Bonadío se autodefinía como un practicante del “derecho penal creativo”: aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecución a dirigentes populares.
Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo.
La otra integrante que Néstor propuso, no solo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional.
El macrismo en el poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema.
Lo más terrible de aquel episodio fue que quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el país, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte.
Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación.
Hoy, la Corte está integrada por esos cuatro funcionarios más el Dr. Juan Carlos Maqueda, histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el Dr. Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente.
Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país.
A nadie debería extrañarle entonces, no solo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno.
Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar.
De los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones.
Solo un Poder es perpetuo.
Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Si ese Poder…
Además de ser perpetuo…
Además de no ir jamás a elecciones…
Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo…
Si además de todo eso, ese Poder solo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno…
Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas.