La reciente normativa emanada del Poder Ejecutivo, específicamente la Resolución 2307/2024 del 8 de agosto, impone restricciones sustanciales al acceso a servicios de salud para jubilados a través del PAMI, vulnerando potencialmente derechos fundamentales.
Dicho instrumento normativo establece límites estrictos a la cantidad de consultas médicas, análisis y radiografías que pueden realizarse, estableciendo un máximo de dos consultas médicas mensuales, seis radiografías y un límite anual en las visitas al médico de cabecera. Asimismo, la disposición prevé sanciones para aquellos beneficiarios que excedan los cupos permitidos, profundizando la afectación sobre una población que, por su vulnerabilidad, requiere de una mayor protección estatal.
Este marco regulatorio se suma a la ya precaria situación derivada de la reducción en la cobertura de medicamentos, lo cual agrava la posibilidad de los jubilados de acceder a un derecho humano esencial como es la salud, tal como lo consagran diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
La restricción a la atención sanitaria, especialmente para personas mayores que requieren atención médica frecuente, podría configurarse como una violación directa al “principio de progresividad y no regresividad” en los derechos sociales, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto implica que el Estado no puede adoptar medidas regresivas que deterioren los estándares de protección social previamente alcanzados.
Las asociaciones de jubilados y pensionados han expresado su legítima preocupación por esta normativa, dado que no sólo se ha restringido el acceso a medicamentos, sino que ahora también enfrentan barreras económicas para la realización de estudios médicos esenciales. Este doble perjuicio podría generar un desmedro grave en la salud y calidad de vida de los jubilados, quienes constituyen un grupo particularmente vulnerable frente a este tipo de medidas.
Propuestas para enfrentar la situación
Dado el impacto negativo que esta resolución genera sobre los derechos fundamentales de los jubilados, resulta urgente una revisión exhaustiva de la Resolución 2307/2024, a fin de restablecer la plena cobertura de medicamentos esenciales y eliminar las restricciones impuestas a las consultas y estudios médicos. Las medidas que restrinjan el acceso a la salud deben ser justificadas de manera adecuada y proporcionada, cosa que no se observa en el presente caso.
Asimismo, es crucial abrir un proceso de diálogo multisectorial que incluya no solo a las asociaciones de jubilados, sino también a actores clave, como universidades, organizaciones sindicales, la Iglesia y referentes intelectuales, con el fin de analizar las implicancias de estas políticas y proponer soluciones justas y equilibradas que respeten los derechos humanos.
Un consenso de esta naturaleza no solo permitiría abordar la crisis actual, sino también avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud y seguridad social en beneficio de los sectores más postergados.
Un problema de raíz: la destrucción de la matriz productiva
Es importante destacar que esta problemática no responde únicamente al aumento de la población de jubilados, sino que es el resultado de una política estructural que ha debilitado el sistema productivo y, por ende, la capacidad de sostenibilidad del sistema previsional.
Las sucesivas decisiones políticas que priorizaron modelos económicos extractivos y dependientes han sido responsables de la destrucción de la matriz productiva nacional, lo cual ha generado, entre otras consecuencias, un sistema previsional deficitario y una clase política que, en lugar de asumir responsabilidad, continúa aplicando medidas regresivas que afectan a quienes más necesitan protección.
La única vía para enfrentar esta decadencia es una reconstrucción del tejido productivo nacional, mediante políticas que incentiven la producción local, fortalezcan el empleo formal y aseguren un sistema previsional sólido y justo. Sin una transformación estructural de este tipo, cualquier medida paliativa será insuficiente para garantizar el derecho a una jubilación digna y el acceso a servicios de salud para las generaciones presentes y futuras.
*Luis Gotte, La trinchera bonaerense