Un establecimiento educativo de Avellaneda al que concurren más de 700 alumnos anunció que dejará de funcionar a partir del próximo ciclo lectivo.
Se trata del Instituto Modelo (IMSA), que ya les comunicó a las familias «la difícil decisión» de no abrir sus puertas en 2024 porque no pueden asumir costos de funcionamiento y vienen acumulando importantes deudas.
La Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) ya había lanzado, hace un mes, una advertencia «sobre el serio riesgo de cierre de colegios debido a la situación económico-financiera».
La entidad anticipó que había 30 institutos que atravesaban dificultades y por ese motivo había elevado a la Dirección General de Escuelas un petitorio solicitando «medidas de ayuda urgente para los emprendimientos educativos en crisis».
Según ha dicho el secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, se tiene información «sobre otro cierre de un centro educativo en Mar del Plata, que comunicaría la decisión a fin de año y ya anticipamos que hay otros colegios que están al borde de tener que cesar en la prestación de sus servicios».
La asociación acaba de emitir un comunicado en el que afirma: «Como se informó oportunamente, AIEPBA viene manifestando la crítica situación que atraviesa el sistema de enseñanza de gestión privada por distorsiones que se han acumulado en los últimos años». Agrega que «las entidades arrastran una compleja situación desde la pandemia de Covid, donde muchos propietarios y administradores tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando», detallando que, de acuerdo con la información de que disponen, «desde la crisis de Covid se cerraron 80 centros educativos de distintos niveles y modalidades».
Explica que «uno de los tópicos que provocan el desfinanciamiento es el régimen de aranceles que autoriza la provincia. En lo que va del año se autorizó un aumento de 93 por ciento en los aranceles mientras que el costo salarial se incrementó entre un 103 y un 104 por ciento según las categorías docentes. Quiere decir que en los primeros nueve meses de 2023 hubo una distorsión de más de 10 por ciento entre ambas variables», menciona la comunicación.
«Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos salariales. Entre lo que no se pudo recuperar en 2023 y el acumulado del 2022, la pérdida de capacidad de financiación por cuota mensual está un 27 por ciento por debajo del costo que tienen que afrontar los colegios para pagar los haberes de maestros y profesores»”, explicó Zurita.
Incluso, se estima que muchas instituciones no pueden trasladar el aumento arancelario que tienen autorizado porque las familias están en dificultades y en muchas comunidades no pueden afrontarlo.
«En todas las asambleas regionales que hacemos nos plantean estos problemas y nosotros elevamos un pedido concreto a las autoridades sin respuesta a la fecha y aunque desde sectores gremiales minimizaron esta situación, ahora tenemos los primeros casos de cierres pos pandemia», advirtió.
Se menciona asimismo que «hace unas semanas un colegio de Moreno también planteó ante la comunidad una situación de eventual cierre. Hubo un abrazo simbólico al colegio secundario Amancio Alcorta y a partir del impacto mediático que tuvo y ante la amenaza de realizar protestas en La Plata, el gobierno decidió dar ayuda».
Aseguró Zurita que «hay otros 29 casos similares que no tienen esa respuesta. Por eso insistimos en el reclamo a las autoridades provinciales».
AIEPBA, que agrupa a más de 2.300 establecimientos privados en Buenos Aires, cuestionó «medidas que provocaron distorsiones financieras en la administración de los colegios, como su inclusión en el programa de Precios Justos, en febrero de este año, como también la decisión unilateral e inconsulta de obligar a todos los establecimientos a pagar el bono extraordinario dispuesto por el Ministerio de Economía».