La desaparición de personas es una crisis alarmante que trasciende fronteras y afecta a las comunidades locales. Examinaremos algunas estadísticas de desapariciones en diversos países sudamericanos durante 2023, destacando el papel de las redes de trata y explotación.
Proponemos la creación de un Tribunal Penal Sudamericano especializado en casos de secuestro y trata de personas, argumentando que una respuesta coordinada regionalmente es crucial para abordar esta problemática y proteger a las víctimas.
Introducción
En Sudamérica, la desaparición de mujeres y niños es un problema grave que afecta a miles de familias anualmente. Estas desapariciones están frecuentemente vinculadas a redes de trata de personas y explotación sexual o laboral, y los crímenes a menudo trascienden fronteras nacionales, complicando aún más los esfuerzos para combatirlos.
A pesar de los esfuerzos locales, la necesidad de una respuesta coordinada y eficaz es necesaria como urgente, por lo que debemos trabajar por la creación de un Tribunal Penal Sudamericano para casos de secuestro y trata de personas.
Contexto en Sudamérica
Las cifras de desapariciones en Sudamérica son alarmantes. En Brasil, el Foro Brasileño de Seguridad Pública reporta que cerca de 70.000 personas desaparecen cada año. En Perú, entre enero y noviembre de 2023, se registraron 4.833 notas de alerta de desapariciones, de las cuales el 41% correspondieron a mujeres adultas y el 59% a niñas y adolescentes.
Uruguay reporta más de 100 jóvenes desaparecidos anualmente, junto con 245 mujeres. En Paraguay, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2023 a 1.466 víctimas de redes de trata y explotación.
Chile ha visto 32.539 denuncias de desapariciones entre 2020 y 2023, con 30.209 casos gestionados por Carabineros y 2.331 por la Policía de Investigaciones. En Bolivia, se registraron 3.409 denuncias de personas desaparecidas en 2023, con 556 casos investigados por trata y tráfico. Ecuador reportó 3.470 denuncias de desapariciones de menores en 2023.
Colombia, por su parte, registró 5.959 desapariciones en 2023, con Bogotá representando el 40% de los casos, de los cuales el 33% son menores de edad. En Argentina, desde 2011 hasta mayo de 2023, se registraron 50.435 denuncias por desapariciones, con más de la mitad correspondiendo a menores.
El papel de las redes
Estas desapariciones no son eventos aislados, sino que a menudo están vinculadas a redes de trata de personas que operan en el ámbito internacional. Las víctimas son sometidas a explotación sexual, trabajo forzado y otras formas de abuso.
La falta de coordinación entre los países sudamericanos permite que estas redes operen con relativa impunidad, cruzando fronteras para evitar la detección y el enjuiciamiento.
La propuesta
Para combatir de manera efectiva esta problemática es imperativo establecer un Tribunal Penal Sudamericano especializado en casos de secuestro y trata de personas. Este tribunal tendría la autoridad para investigar y enjuiciar delitos de trata de personas a nivel regional, asegurando que las fronteras nacionales no sirvan como refugio para los perpetradores.
Además, permitiría una cooperación más estrecha entre las fuerzas de seguridad y los sistemas judiciales de los diferentes países, facilitando el intercambio de información y recursos.
Ventajas
1. Cooperación regional: facilitaría una respuesta coordinada y uniforme a la trata de personas en toda Sudamérica.
2. Justicia transnacional: permitiría el enjuiciamiento de redes de trata que operan a través de fronteras nacionales.
3. Protección de víctimas: ofrecería mejores recursos y apoyo a las víctimas, asegurando que reciban la protección y el cuidado necesarios.
4. Disuasión para los perpetradores: aumentaría las probabilidades de enjuiciamiento y castigo, actuando como un disuasivo para los criminales.
Reflexión Final
La crisis de desapariciones y trata de personas en Sudamérica requiere una solución innovadora y cooperativa. La creación de un Tribunal Penal Sudamericano para casos de secuestro y trata de personas es una medida necesaria y urgente para enfrentar esta problemática.
La cooperación regional y la justicia transnacional son claves para disuadir a los criminales y proteger a las víctimas, garantizando que los derechos humanos sean respetados y defendidos en toda la región. Con un enfoque unificado, podemos trabajar hacia un futuro donde la seguridad y la dignidad de mujeres y niños sean una prioridad innegociable.
*Luis Gotte, La trinchera bonaerense