Argentina se encuentra en un punto de inflexión histórica, inmersa en un contexto global en el que el poder y los intereses económicos se reconfiguran.
La elección de Donald Trump en Estados Unidos y la crisis europea, que enfrenta la pérdida de Ucrania y la escasez de recursos en África y Asia, han redirigido el interés de las potencias occidentales hacia Sudamérica.
En este nuevo escenario, Argentina emerge como un territorio estratégico por sus vastos recursos agrícolas, ganaderos, frutihortícolas y mineros, elementos que cobran relevancia ante las demandas externas de un mundo en crisis.
Sin embargo, el país se enfrenta a esta coyuntura desde una posición de vulnerabilidad. Su estructura centralista de poder, establecida en el SXIX bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, ha llegado a un límite de obsolescencia que le impide responder a las necesidades actuales de la comunidad argentina.
La centralización ha diluido el proyecto federalista inicial que otorgaba poder real a las provincias, debilitando su capacidad para defender sus propios intereses frente a las crecientes presiones de las potencias extranjeras y manteniéndolas en una dependencia de un poder concentrado en Buenos Aires.
En este contexto, el gobernador de la provincia de los bonaerenses, Axel Kicillof, junto con el Poder Legislativo, enfrentan una oportunidad de relevancia histórica. La provincia, centro de la producción agropecuaria y frutihortícola del país, es un bastión clave en la defensa de la soberanía alimentaria nacional. No obstante, esta centralidad demanda repensar el modelo de gestión y distribución del poder en un territorio tan vasto y diverso.
Gobernar Buenos Aires bajo una lógica centralista no solo resulta ineficiente sino que desatiende las especificidades y necesidades de sus municipios.
Kicillof y el Legislativo provincial tienen, entonces, la responsabilidad de avanzar hacia un modelo de descentralización que les otorgue autonomía a los municipios (como así lo establece el art. 123 de la C.N.) permitiéndoles asumir un papel activo en la gestión de sus propios recursos.
No obstante, para que esta transformación sea efectiva el Poder Legislativo debe ser protagonista en la modificación y derogación de leyes y decretos obsoletos, algunos de ellos impuestos durante la Década Infame y la dictadura militar, que aún centralizan el poder en detrimento de la organización territorial.
Solo con una legislación renovada será posible construir un federalismo municipal auténtico, que permita a cada comunidad gestionar sus recursos en un esquema regionalista de cooperación y producción orientada al bienestar local.
Esta urgencia quedó evidenciada en un reciente encuentro entre empresarios agropecuarios y funcionarios estadounidenses, donde se discutió el interés de EE.UU. en que Argentina aumente su producción de granos. Sin embargo, los productores locales enfatizaron que la falta de infraestructura, mano de obra campesina y tecnología, impiden actualmente satisfacer tales demandas.
Para el liberalismo económico global, conceptos como soberanía alimentaria y sustentabilidad resultan secundarios frente a la maximización de beneficios corporativos, lo cual pone en riesgo el desarrollo autónomo y sostenible de las regiones argentinas.
En este marco, el desafío para la provincia bonaerense demanda tanto visión política como una reestructuración del sistema legal. Una legislación que promueva un federalismo real y otorgue autonomía efectiva a los municipios no solo fortalecería a la provincia, sino al país en su conjunto.
Es el momento de retomar la idea de una «Comunidad Organizada» que haga realidad las aspiraciones de nuestro pueblo, en el cual cada jurisdicción local tenga un papel activo en la construcción del futuro de la provincia y de la nación. Sin un marco legal que promueva la descentralización y el desarrollo autónomo, Argentina seguirá expuesta a quienes buscan explotarla como una simple fuente de materias primas.
La riqueza de Buenos Aires debe canalizarse para el bienestar de su población y para fortalecer un proyecto de nación soberana, alejado de las imposiciones externas. Un país con una estructura de poder que priorice los intereses de sus regiones podrá enfrentar con dignidad el contexto global.
Esta es la tarea que recae en Kicillof, en el Legislativo bonaerense y en todos aquellos gobernadores que aspiren a construir una Argentina fuerte y justa.
Argentina debe protagonizar su propio destino, y ello demanda el fortalecimiento de las instituciones locales y la utilización de los recursos nacionales en el desarrollo equitativo de todas las regiones. Kicillof tiene en sus manos la posibilidad de marcar un hito, de hacer de Buenos Aires una trinchera en defensa de la autonomía provincial, y de devolver al federalismo su rol central en la política nacional.
Así, la provincia de los bonaerenses puede convertirse en el símbolo de esta transformación, siempre que su conducción política y legislativa asuman el compromiso de impulsar las reformas profundas que aseguren un futuro digno y próspero para sus habitantes y para toda la Argentina.