La diputada provincial de Laprida Anahí Bilbao (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de Declaración buscando interesar en el tema al resto de los integrantes de la Cámara Baja.
En la iniciativa, Bilbao expresa “su preocupación por la situación actual de los guardavidas que cumplían tareas hasta marzo de 2021 en el partido de Monte Hermoso y fueron ilegalmente desplazados”.
Le solicita al Ejecutivo provincial, “que por intermedio de quien corresponda, interceda ante el gobierno municipal de ese distrito y ordene el cumplimiento del fallo judicial de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que ha ordenado la reincorporación de los guardavidas despedidos”.
En los fundamentos de su proyecto reseña los antecedentes del conflicto entre el municipio de Monte Hermoso y los guardavidas, que tuvo otra instancia de tensión con el corte de la ruta de acceso a la ciudad que los trabajadores protagonizaron el último día del año que acaba de concluir.
Este viernes, el gremio expresó públicamente que “a pesar de lo acordado el último viernes en la reunión lograda con el intendente de Monte Hermoso Marcos Fernández, aún no se ha concretado la nueva reunión con el Ejecutivo local”.
El comunicado emitido agrega: “Nuestros abogados y representantes continúan insistiendo en la imperiosa necesidad de un diálogo que pueda destrabar el conflicto, pero desde el ejecutivo local ahora se resisten a continuar las conversaciones, agravándose el problema y la situación de los despedidos”.
Menciona que “al día de hoy la Municipalidad de Monte Hermoso y sus principales funcionarios se encuentran en violación de la Ley Provincial de Guardavidas, que garantiza la continuidad laboral de los rescatistas y, además, están poniendo en riesgo la seguridad pública, quitando de la playa a los guardavidas de mayor experiencia en medio de un Plan de Seguridad Acuática desaprobado por la Provincia de Buenos Aires”.
Al gremio le llama “poderosamente la atención que los principios de acuerdo a los que se llega luego son desestimados”.
Interpretan que “estos cambios de actitud tienen que ver con las órdenes que da el principal responsable político de esta persecución, el ahora diputado Alejandro Dichiara, quien tiene un ensañamiento personal con los trabajadores organizados y que desde el ejercicio totalitario de su poder impide que el problema se resuelva”.
Por último, insiste en su reclamo “al Ministerio de Trabajo de la Provincia y al gobernador Axel Kicillof para que intervengan”.